La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha presentado ante la Fiscalía especial contra la corrupción un escrito de ampliación de la denuncia presentada un mes antes en la que se instaba a ésta a investigar los posibles delitos de prevaricación y/o tráfico de influencias por parte de expolíticos contratados con relevantes retribuciones en los órganos de administración y dirección de las empresas eléctricas. Ahora añade el posible delito de malversación de caudales públicos.
Nuevo Modelo Energético amplía la denuncia añadiendo ahora ese posible delito de malversación de caudales públicos, en la medida en que la Administración ha permitido la prescripción de cerca de 3.400 millones de euros cobrados en exceso por parte de las grandes compañías eléctricas.
La plataforma explica que los hechos se remontan al año 1997, cuando eléctricas y Gobierno pactan una transición de un mercado regulado a uno liberalizado garantizando la recuperación de las inversiones efectuadas por aquéllas bajo el marco anterior. El instrumento de esta garantía, los denominados Costes de Transición a la Competencia o CTCs, prevé el destino de hasta un máximo de 2 billones de las antiguas pesetas para compensar a las eléctricas en el caso de que los precios de mercado fueran insuficientes para la rentabilización de las inversiones.
“La realidad, sin embargo, es que a partir del año 2005 el extraordinario incremento de los precios del mercado eléctrico –en el que, por cierto, tres de las propias eléctricas ostentan un notorio poder de mercado– permitió a las eléctricas ingresar mucho más de lo previsto”, añade. Y el procedimiento para reclamar a las eléctricas los importes cobrados en exceso nunca se inició, dando lugar, según las últimas informaciones aparecidas en la prensa, a que haya prescrito la posibilidad de pretender la devolución
El "olvido"
“La cuantía no es baladí: cerca de 3.400 millones de euros según datos de la propia Comisión Nacional de Energía publicados en 2008 y que atribuían el siguiente reparto: Endesa: 1.562 M€; Iberdrola: 1.159 M€; E.On: 432 M€; Gas Natural Fenosa: 276 M€ y EdP: 155 M€”, continua la plataforma..
Divididos entre los 46,7 millones de habitantes en España, resultan unos escandalosos 73 € por habitante que la Administración “se ha olvidado” de reclamar a pesar de los reiterados recordatorios de la CNE. Algo que la Plataforma considera escandaloso y completamente inaceptable. Por todo ello, su asamblea ha decidido por unanimidad ampliar la denuncia ante la fiscalía anticorrupción que ya ha sido secundada por cerca de 140.000 personas.
Fuente: energias-renovables.es
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