Esta Guía es una herramienta para aportar claridad a los promotores
públicos y privados y eliminar los obstáculos a la inversión.
La nueva guía sigue la nota de orientación de Eurostat sobre la manera de consignar los contratos de rendimiento energético en las cuentas públicas, publicada en septiembre de 2017 y proporciona explicaciones sobre cómo aplicarla en la práctica, aprovechando los recursos de asistencia técnica del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI).
En este caso, los contratos de rendimiento energético, o CRE, pueden contribuir a movilizar la inversión y la experiencia privadas en eficiencia energética para los edificios del sector público. El rendimiento energético de los edificios forma parte de un paquete legislativo denominado «Energía limpia para todos los europeos», que constituye un elemento clave a la hora de conseguir una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva.
Sin embargo, en algunos casos el sector público, cuando decide contratar proyectos de eficiencia energética en forma de CRE, se ve influido por las expectativas en cuanto a su tratamiento estadístico (es decir, su repercusión en las cifras de deuda y déficit públicos). Por consiguiente, la incertidumbre sobre la manera de evaluar el tratamiento estadístico de los CRE puede crear dificultades y retrasos en las diferentes fases de preparación y ejecución de los proyectos de inversión.
Sin embargo, en algunos casos el sector público, cuando decide contratar proyectos de eficiencia energética en forma de CRE, se ve influido por las expectativas en cuanto a su tratamiento estadístico (es decir, su repercusión en las cifras de deuda y déficit públicos). Por consiguiente, la incertidumbre sobre la manera de evaluar el tratamiento estadístico de los CRE puede crear dificultades y retrasos en las diferentes fases de preparación y ejecución de los proyectos de inversión.
En la guía se explica en detalle cómo funcionan los contratos de
rendimiento energético y se ofrece una imagen clara de las repercusiones
que pueden tener en las finanzas públicas. Todo ello ayudará a los
Estados miembros y a otras partes interesadas a comprender mejor las
repercusiones que tienen las distintas características de estos
contratos en la clasificación de la inversión realizada —registro o no
en los balances de las administraciones públicas— y contribuirá a que
las autoridades públicas puedan tomar decisiones con conocimiento de
causa en la preparación y licitación de sus CEE.
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