Los programas Marco Polo, que tienen como finalidad el desvío de carga de las carreteras, han resultado ineficaces y, en su diseño actual, deberían suspenderse, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE).
Desde 2003, los programas Marco Polo I y II financian proyectos de servicios de transporte gracias a los cuales el transporte de mercancías puede transferirse de las carreteras al ferrocarril, a las vías navegables interiores y al transporte marítimo de corta distancia. Estos programas se han desarrollado en el contexto del objetivo de la política de transportes de la UE para fomentar alternativas al transporte de mercancías únicamente por carretera. Este objetivo generalmente aceptado tiene como fin reducir el tráfico internacional de mercancías por carretera, mejorando el impacto medioambiental del transporte de mercancías, reduciendo la congestión e incrementando la seguridad viaria.
Sin embargo, la fiscalización concluyó que no se han presentado suficientes propuestas de proyectos
pertinentes debido a que la situación del mercado y las normas de los programas no incitaban a los operadores a aprovechar el régimen La mitad de los proyectos controlados tenían una sostenibilidad limitada. Uno de los principales resultados de la fiscalización era que existían indicios importantes de «efecto de peso muerto», es decir, que los proyectos se habrían llevado a cabo incluso sin financiación de la UE. De hecho, trece de los dieciséis beneficiarios controlados confirmaron que habrían iniciado y prestado el servicio de transporte incluso sin subvención. Además, no se disponía de datos fiables que permitieran evaluar los beneficios en el impacto medioambiental del transporte de mercancías, y la congestión y seguridad viarias.
Vistos los resultados de los programas actuales, el Tribunal recomienda suspender la financiación de la UE
para los servicios de transporte de mercancías que se basen en el diseño de los programas Marco Polo. En el futuro, esta financiación debería supeditarse a una evaluación previa del impacto, que determine si, y en qué medida, aporta valor añadido de la UE. Para ello sería necesario realizar un estudio pormenorizado de la demanda potencial y las mejores prácticas en los Estados miembros.
Fuente: TCE.
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