Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2014 sobre Primas a la energía fotovoltaica

La sentencia del Tribunal Supremo resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por varias empresas del sector fotovoltaico contra:

1. el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, 
2. así como contra los desarrollos normativos contenidos en varias órdenes ministeriales (ITC/3353/2010; ITC/619/2011; ITC/688/2011; ITC/1068/2011; e, IET/3586/2011). 
3. También se impugnaba el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Entendían los recurrentes que el Real Decreto 1565/2010 y las órdenes de desarrollo impugnadas vulneraban el Derecho de la Unión Europea. 

• En primer lugar, eran contrarios a la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables; 
• en segundo lugar, vulneraban los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima reconocidos en los Tratados y en el Protocolo de la Carta de la Energía, que exige dotar de seguridad y permanencia a las inversiones en energías renovables y prohíbe adoptar medidas que afecten a las inversiones en las mismas, materialmente expropiatorias. 
• Por último, sostenían que eran contrarios al Protocolo número 1 adicional del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Se solicitaba el planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo, por la posible vulneración de la libertad de establecimiento reconocida en el Tratado CE.

Respecto del Derecho interno, se aducía que se infringían los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos así como el derecho de propiedad que reconoce el art 33.3 de la Constitución Española.

Además, y respecto del Real Decreto-ley 14/2010, se alegó vulneración del principio de reserva legal tributaria y del marco limitativo establecido en la Constitución en relación con los decretos-leyes. Se solicitaba, igualmente, el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por infracción de los artículos 9.3 , 24 ,31.3 , 86.1 , 131.1 y 134.7 CE.

Fuente: Actualidad Jurídica Ambiental

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