El gobierno legisla a favor del autoconsumo

El autoconsumidor podrá generar su propia energía sin estar sometido a las obligaciones jurídicas de los productores. Esta es una de las modificaciones de la Ley del Sector Eléctrico aprobada por el gobierno en el Real Decreto-ley 13/2012. La nueva ley elimina una de las barreras para que el autoconsumo sea efectivo.

Hasta ahora la ley reconocía las figuras del consumidor y del productor de energía, por separado. En ningún caso se admitía una figura “mixta”, que en el mismo individuo recayeran las dos condiciones. Eso ha variado con los cambios arbitrados por el gobierno en el RD-ley 13/2012.

El primer artículo de la nueva Ley modifica la Ley del Sector Eléctrico al determinar que “los productores de energía eléctrica, que son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la función de generar energía eléctrica, ya sea para su consumo propio o para terceros”. Queda clara, por tanto, la posibilidad de que la figura del productor y el consumidor recaiga en el mismo individuo.

Afirma que “en ningún caso tendrán la condición de productores los consumidores acogidos a modalidades singulares de suministro” y se refiere específicamente a “los consumidores que son las personas físicas o jurídicas que compran la energía para su propio consumo. Reglamentariamente podrán establecerse para determinados consumidores modalidades singulares de suministro para fomentar la producción individual de energía eléctrica destinada al consumo en la misma ubicación, detallando el régimen de derechos y obligaciones que de ellas resulten”.

De esta manera, el gobierno liberaría a los productores para autoconsumo de determinadas obligaciones como constituirse en empresa, darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, hacer declaraciones trimestrales de IVA o contratar a un agente de mercado que oferte la producción energética y haga las previsiones de generación.

Fuente: energias-renovables.es

Enlace: 

Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista.