La justicia anula las autorizaciones de 100 MW eólicos actualmente operativos en Lleida

Nos hacemos eco de la siguiente noticia aparecida en la edicion digital de "Energias Renovables", y dice así: "El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado las autorizaciones que permitieron la instalación y puesta en funcionamiento de dos parques eólicos de Acciona Energía, cada uno de 50 MW, en las sierras de Vilobí y del Tallat, en Lleida".

La asociación eólica regional, EolicCat, ha emitido un comunicado en el que asegura “que la sentencia no es firme y, por lo tanto, no crea jurisprudencia”.

“El hecho de que la sentencia sea recurrible hace que los parques afectados por la resolución judicial continúen su actividad con normalidad”, dice la asociación. La Generalitat, por su parte, ha confirmado que ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra las dos sentencias del TSJC. Por este motivo, la asociación eólica de Catalunya “pide prudencia y considera que es muy precipitado hablar de la posibilidad de declarar ilegales estos dos y el resto de parques de Catalunya, tal y como apuntan los demandantes”.

Aún así, las sentencias, emitidas a raíz de dos recursos interpuestos por Ecologistes de Catalunya, sí suponen un hito en la historia de la eólica española, puesto que es la primera vez que se anulan las autorizaciones tras la instalación de un parque eólico en aquella comunidad autónoma. A pesar del comunicado de EolicCat, el portavoz del grupo ecologista, Joan Vázquez, ha insinuado que la sentencia también servirá como precedente a otros casos similares, si procede. Mientras tanto, el grupo afirma que pedirá el derribo de los parques si las sentencias prosperan.

Los recursos, y las sentencias, exigen, concretamente, que las instalaciones eólicas sean compatibles con el planeamiento urbanístico de sus zonas respectivas. Según las sentencias, los dos proyectos de Acciona –autorizados en 2005 y en funcionamiento desde hace casi un año– omitieron el trámite de un plan general supramunicipal. Este trámite era obligado, puesto que los proyectos afectan a varias localidades, según el TSJC. La cuestión depende ahora del Supremo.

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